PSOE

Mesianismo portuario

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, es un veterano militante del Partido Popular. En la negociación entre Coalición Canaria y el PP para alcanzar un pacto de gobierno en la Comunidad autonómica, los conservadores recuperaron esa relevante cuota de poder. Ya había estado Suárez trasteando fugazmente por ahí entre 2018 y 2019 y recuerdo muy bien el pasmo que causó su nombramiento por entonces en el ámbito empresarial y portuario, porque, como en el caso de Beatriz Calzada ahora en Las Palmas, carecía de cualquier experiencia previa en un mundo tan complejo, chapoteante y lleno de claroscuros. Suárez es una de esas figuras que siempre han estado brujuleando con éxito en la segunda línea del Partido Popular de Tenerife. Como dijo una vez Gore Vidal refiriéndose a un político sureño, “es de esos tipos a quienes siempre están nombrando algo, y parece que tienen un cargo incluso cuando no lo tienen”. Pues bien, don Pedro, en las primeras declaraciones importantes desde su desembarco en la Autoridad Portuaria, manifestó que habría que recuperar lo del puerto de Fonsalía y comenzar de una vez y tal. Lo dijo seguramente con una espontaneidad admirable, sintetizando tanto los argumentos que los redujo a la nada, pero han empezado a sonar de nuevos las campanas. ¿Cómo, cómo es posible que hayamos abandonado Fonsalía?

El gran puerto de Fonsalía se abandonó por tres motivos: financieros, medioambientales y operativos. El Parlamento se Canarias hace menos de tres años se pronunció a favor de clausurar un proyecto que costaría (inicialmente) unos 220 millones de euros, que afectaría destructivamente a la Zona de Especial Conservación que se extiende desde Teno a la Rasca con 74 especies marinas protegidas, empobreciendo radicalmente la biodiversidad al este de Tenerife, y que es innecesario  para afrontar problemas de conectividad entre la isla capitalina y La Gomera y La Palma. Por todo ello, profusamente debatido, la Cámara decidió pronunciarse en contra del proyecto, aunque el PSOE, sorprendentemente, se abstuvo en la votación: el pressing que realizaron José Miguel Rodríguez Fraga y Pedro Martín, alcaldes de Adeje y Guía de Isora respectivamente, no pudo ir más lejos. CC modificó, ciertamente, su postura tradicional y votó en contra, pero no fue una decisión exclusivamente parlamentaria: el puerto de Fonsalía fue debatido y votado en todos los comités locales de la CC  tinerfeña y, finalmente, en el Consejo Político Insular. Finalmente el proyecto resultó rechazado en esta consulta interna por más del 90% de los votos.

No existe ningún estudio económico digno de tal nombre sobre el milagroso impacto del puerto de Fonsalía en la economía de La Palma y La Gomera. Los problemas de La Palma, sobre los que además cayó un volcán, son de parálisis económica, despoblación  y envejecimiento demográfico, pero sin Fonsalía ya están en proyecto tres resort de lujo en la Isla Bonita, uno de ellos, en Breña Alta, con campo de golf incluido. La Gomera se las ha arreglado magníficamente sin Fonsalía para casi triplicar su PIB en el último cuarto de siglo y mejorar sus carreteras y sus servicios públicos sustancialmente. Respecto al embotellamiento del puerto de Los Cristianos, un problema ciertamente angustioso, la solución está cerca: el puerto de Granadilla, entregado con un retraso grotesco en 2017, y que todavía hoy  no tiene todas sus instalaciones terminadas  ni plenamente operativas. Granadilla podía aliviar casi las dos terceras partes del tráfico de Los Cristianos, además de nuclear y galvanizar una amplia área industrial totalmente desperdiciada en la actualidad. Y quien debe dedicarse a eso precisamente – el impulso y la promoción de Granadilla en el sistema portuario tinerfeño, canario e internacional – no es otro que el propio Pedro Suárez. Ya queda lejos y casposa la suposición según la cual solo las grandes infraestructuras son elementos económica y socialmente estructurantes en una comunidad. También lo son las exigencias de la matriz biofísica de un territorio y la protección integral de su biodiversidad. El puerto de Fonsalía es una solución mesiánica a problemas que no existen o que se pueden resolver sin más hierro ni más cemento ni más tensiones políticas y sociales.   

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La estrategia para, por, sí, según, de Curbelo

Habrá que leer los documentos firmados y  su naturaleza jurídica, pero por el momento Casimiro Curbelo puede regocijarse, al menos, con la foto y el titular. La imagen es la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el propio Curbelo, como presidente del Cabildo gomero, rubricando lo que parece un convenio que garantiza una inversión pública de 113 millones de euros hasta 2036 en la isla. El comunicado que informa (es un decir) de la reunión es algo entre una postal, una utopía y una encíclica. Toda esa pasta será encauzada por una estrategia deslumbrante que sentará las bases de un modelo sostenible en lo económico, en lo social y en lo medioambiental a través de la modernización y diversificación de la economía gomera, digitalizando sus servicios y la exportación de sus productos.  Lo que me parece más gracioso de toda esta humeante retórica es un parrafito aparte, justo donde se dice que este mismo año Hacienda transferirá al cabildo curbeliano dos millones de euros “para la creación de una oficina técnica”, sin mayores precisiones. Tampoco son imprescindibles, porque resulta bastante obvio que la corporación no dispone de medios técnicos y profesionales para organizar y coordinar la estrategia transformadora y se necesitan urgentemente una decena de juristas, economistas, arquitectos y administrativos cualificados para diseñarla y sacarla adelante.

Lo más sorprendente es que esta Estrategia gomera 36 – es el nombre semioficial que recibe  — no ha sido en ningún momento debatida y votada en el Cabildo que finalmente gestionará los copiosos recursos procedentes de Madrid y del Gobierno regional. Las otras fuerzas políticas presentes en la corporación –¡empezando por el PSOE! – y las organizaciones empresariales, comerciales y sindicales de la isla no han tenido la menor participación en un instrumento inversor que pretende transformar La Gomera en los próximo quince años.  ¿Qué dónde está entonces la Estrategia 36? Pues en el interior del cráneo de don Casimiro Curbelo, un agujero negro por donde se precipita –sin poder escapar a la atracción gravitatoria de su régimen –toda la realidad gomera.

Estoy seguro que muchas organizaciones políticas canarias envidian profunda y hasta dolorosamente al líder de la ASG. Curbelo protagoniza los sueños más húmedos de Unidos por Gran Canaria  –el otro equipo de fútbol de Miguel Ángel Ramírez – y de algún que otro socio de Coalición Canaria. Hasta Pedro Martín puede llegar a sufrir sofocos rencorosos. Antes de la visita a la señora ministra, La Gomera era y es, en los presupuestos generales de la Comunidad autónoma, la isla con mayor inversión per cápita: 3.408 euros. Tenerife, en cambio, con apenas 275 euros, lleva el farolillo rojo en la inversión por habitantes durante 2023. Tal vez Martín debería preocuparse menos de la dignidad de su trasero que de la dignidad de la isla que (por decirlo exageradamente) gobierna. Y, sin embargo, se equivocan. Estas inversiones directas  — si es que se mantienen – no cambiarán económica y socialmente La Gomera. Y no lo harán porque  se plantea una contradicción básica e insoslayable: no se puede producir un desarrollo modernizador, sostenible, creativo e inclusivo bajo un liderazgo omnímodo y delirantemente personalista y un sistema de control social clientelar. No funciona. El clientelismo, el nepotismo y la patrimonialización de las instituciones públicas conspiran contra el desenvolvimiento económico, contra la iniciativa empresarial libre y la competencia, contra la participación legítima de individuos y colectivos en las propuestas de crecimiento y diversificación. Este convenio es propaganda, propaganda a cargo de todos los contribuyentes  canarios, y como toda ocurrencia casimirista crece sobre un objetivo central: mantener a Curbelo –y a sus asociados – en el poder.

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Perlas electorales (1)

“El alcalde de La Laguna afirma que las ruinas de la Mesa Mota están a la espera del Estado”.

Por supuesto el subtexto de la frase del alcalde es yo no tengo nada que ver en eso. Para escapar opta por una prosa poética cargada de un sutil bucolismo. Ahí están las ruinas, como en cualquier fábula romántica, esperando sin esperanza a que el Estado, como el príncipe Feliz, las despierte depositando un casto ósculo sobre un pedrusco cubierto de musgo. Sinceramente es asombroso que el joven alcalde haya aprendido en tres años y medio a lidiar con abstracciones como el Estado. Un acelerón: de la bachata a Carl Schmitt. Incluso que maneje esa pequeña astucia de eludir hablar del Gobierno español aludiendo la estructura de la organización política del país. “Las ruinas de la Mesa Mota están a la espera de la monarquía parlamentaria”. No, no queda igual, desde luego. El PSOE gobierna en La Laguna, en el Cabildo de Tenerife, en Canarias y en España, pero si hay algún responsable de esas ruinas penosas, pibas y pibes, es el Estado, jodido y triste gandul. El municipio lagunero no ha mejorado sustancialmente, pero Luis Yeray Gutiérrez sí. Hace cuatro años, cuando oía hablar de Estado, siempre creía que se referían a una mujer embarazada.

“Es sorprendente que los médicos se pongan en huelga en campaña electoral”.

El sorprendido es el jefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, cuya capacidad de sublime estupefacción para lo que todo lo que ocurre fuera del Gobierno autonómico y del PSOE ha devenido prácticamente ilimitada. Al presidente Torres le sorprende que la oposición fiscalice al Gobierno, le sorprende que  CC y el Partido Popular quieran ganar las elecciones, le sorprende que le pregunten dentro o fuera del Parlamento por los cuatro millones de euros que le levantaron delante de sus narices en plena crisis pandémica, le sorprende que La Palma no lo haya declarado todavía marquesote adoptivo, le sorprende el testarudo empeño de tomarse las kilométricas listas de espera para operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas como señales de un  empeoramiento espeluznante de la sanidad pública, le sorprende quizás la luz de la mañana y la oscuridad de la noche, el orden alfabético, la perfecta ingeniería de las hormigas, el sentido de la vida de los trilobites, el sonido agónico de un acordeón al atardecer en Famara. Ángel Víctor Torres es un hombre construido por sorpresas como a otros le construyen las experiencias vitales o la cerveza negra. ¿Alguna vez un presidente canario – o de cualquier lugar de la biosfera — debió soportar una huelga en campaña electoral? No. Uno como él no. Volveremos al ritornello. El presidente que tuvo que enfrentarse a la quiebra de Thomas Cook, a una pandemia ruinosa, a una erupción volcánica, a una guerra en Crimea o a Casimiro Curbelo también deberá exponer su alma y su cuerpo a una huelga de médicos que, lamentablemente, no controlan ni UGT ni Comisiones Obreras. Pero vencerá. El presidente Torres siempre gana. Incluso cuando pierde.  Sobre todo cuando pierde. Es tan buena gente.

“Esta es una lista de lujo para Tenerife”.

Ana Oramas calificó así la lista de CC que ella encabeza por la circunscripción de Tenerife. Y sin ser Ángel Víctor Torres uno se queda asombrado. Porque lo que se presentan son individuos que en este caso suman un siglo en política, que aspiran no a decorar esquinas, sino a ser servidores públicos, por lo que serán muy bien remunerados. Se trata de elegir a ciudadanos competentes, honestos, trabajadores. No a un Ferrari. El orgullo debería ser Canarias y representar a su ciudadanía sintiéndose concernidos por un contrato llamado programa. Un orgullo que todos los candidatos del próximo mayo tendrían que ganarse a pulso. Políticamente la gente está harta de lujos.   

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Realismo político y fantasías ideológicas

¿Se puede tachar a la principal fuerza de la oposición –el Partido Popular – de ser un “partido antisistema” y simultáneamente pactar con él la reforma de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual? Vaya que sí se puede. Lo está haciendo el PSOE tan ricamente. Ayer fue aprobada la reforma en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con los votos del PSOE, el PP, Ciudadanos y el PNV y se votará mañana jueves en el pleno. Podemos ha denunciado que los socialistas han volado “el bloque de la investidura”. Quizás lo hayan hecho los socialistas, en efecto, pero Podemos no. Las ministras de Podemos siguen sentadas pachorrudamente en el banco azul. Imagino que se consolarán con “la primera ley de vivienda de la democracia” que entre otras estupideces ideológicas incluye un tope a los alquileres que, en el mejor de los casos, no servirá para nada. Ya existe literatura económica y estudios técnicos que lo dejan perfectamente claro: la limitación del beneficio supone desincentivo casi automático para la oferta. En experimentos similares la oferta de alquiler descendió un 15% en París o San Francisco y cerca de un 10% en Berlín. El acceso a la vivienda es un problema socialmente explosivo en Canarias y, en realidad, en toda España, pero limitar el precio de los alquileres no lo aliviará. Más o menos cualquier persona razonable sabe o intuye una obviedad: lo que debe aumentar la oferta de viviendas en alquiler. El Estado debe construir vivienda pública a gran escala y poner al menos el 50% de las plazas en régimen de alquiler. Con 10.000 viviendas públicas en alquiler en Canarias los precios bajarían con toda seguridad, pero este objetivo implica inevitablemente mejorar las dotaciones públicas (parques, jardines, servicios) de las nuevas zonas. Po favor: que no se diga que en el plazo de un lustro no pueden construirse diez mil viviendas públicas en Canarias porque entonces estamos acabados y el sistema autonómico es inservible frente a una demanda social perentoria y lacerante. Una sociedad madura, con medios financieros y técnicos suficientes y una voluntad política ampliamente consensuada lo puede y lo debe hacer. En los cuatro o cinco años imprescindibles para construir este parque público las medidas deben ser básicamente fiscales: fijar y aumentar la desgravación por alquiler,  aumentar en algunos segmentos de población en mala situación habitacional el ingreso mínimo vital, incentivos para el alquiler de sus viviendas a los propietarios. Todo antes que transformar un mercado tensionado en un mercado deprimido.

Un designio verdaderamente evolucionario – pero ante el cual las izquierdas, más aun todavía que las derechas, parecen sentir auténtica alergia – se basaría en diseñar y consensuar políticas públicas basadas en la evidencia empírica y no en supercherías doctrinarias, antojos ideológicos o simulacros propagandísticos. Por desgracia los actuales gobiernos de España y de Canarias – con excepciones, alguna que otra relevante — jamás están dispuestos a que la puñetera realidad les juegue una mala pasada. A la realidad no se le soluciona: se la sustituye por un relato, un cuento, un chisme. La otra praxis predilecta de nuestros gobernantes progresista es crear leyes que mágicamente resuelven los problemas. Una buena y extensa ley, cargada de artículos y disposiciones, que exija reglamentos farragosos y subsanables, está por encima de todo. La Consejería de Transición Ecológica y Planificación Territorial debió asumir hace años como prioridad la crisis hídrica de Fuerteventura, la insuficiencia de sus desaladoras y la obsolescencia de sus infraestructuras. Prefirió hacer una ley magnífica, compleja, deslumbradora, inacabable. Los majoreros han pasado, pasan y sin duda seguirán pasando sed en este verano que se aproxima a grandes zancadas, pero José Antonio Valbuena tiene su preciosa aunque obesa criatura legislativa. Mira qué ojitos tiene. Es idéntica a su padre.

 

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La vie (y Santiago Pérez) est ondoyante

El llamado caso de Las Teresitas – que desentrañó una estafa multimillonaria a Santa Cruz de Tenerife  en beneficio de dos de los grandes empresarios de Tenerife y estableció como máximo responsable político de la operación a Miguel Zerolo, icono de ATI y luego CC —  fue exaltado repetidamente, después de la sentencia firme, como un éxito del PSOE y de su rigurosa y hasta valiente labor de oposición. Pero, como decía sabiamente Michael de Montaigne, “la vie est ondoyante”. La muy reciente reforma del código penal impulsada por los socialistas en las Cortes, un traje a la medida de ERC para anular los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del intento de golpe de Estado en Cataluña en 2017,  será utilizado por los abogados de Zerolo y otros condenados para sacar ya a la calle a sus clientes e incluso pedir indemnizaciones. O al menos eso intentarán en las próximas semanas. El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife podría bañarse en Las Teresitas antes del verano sin tener que regresar al centro penitenciario Tenerife II.

Habría que detenerse por un momento en lo que parece más obvio y no lo es tanto: la relación entre el PSOE y la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2005 que condujo finalmente al procesamiento de los políticos y funcionarios, en ese momento presuntamente implicados, y en su condena final doce años después por la Audiencia Provincial, ratificada en marzo de 2019 por el Tribunal Supremo: siete años de cárcel para Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, cuatro años y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, otros cuatro años para el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín, y cinco años y tres meses de prisión a los empresarios Ignacio González (expresidente de la Cámara de Comercio de la provincia) y Antonio Plasencia, uno de los mayores constructores de Tenerife y de Canarias y presidente de la patronal del sector Fepeco. Durante años el PSOE no quiso saber absolutamente nada de la operación sobre los terrenos de Las Teresitas. Es más: el grupo municipal socialista, encabezado entonces por Emilio Fresco, votó a favor –como el resto de los partidos con presencia en el consistorio – de la compra-venta de los terrenos a los empresarios, adquiridos por el ayuntamiento –según se averigüó y certificó después judicialmente – a un precio muy superior a su valor  de mercado y bajo una circunstancia particularmente escandalosa: parte de esos terrenos eran ya de propiedad municipal. 

A Santiago Pérez y algunos de sus discípulos políticos la operación se les antojaba, como mínimo, sumamente sospechosa, cuando no alarmante. Vislumbraba quizás una gran causa contra el zerolismo que pudiera desarbolar Coalición Canaria, al menos, en el municipio santacrucero. Emilio Fresco lo frenó en seco. Había apoyado la compraventa desde la convicción de que era lo mejor para la capital y no tenía constancia directa de ninguna irregularidad. Fresco, como otros concejales, tenía plena confianza en la profesionalidad –demostrada durante más de veinte años –del secretario del ayuntamiento de Santa Cruz, Eugenio de Zárate, que posteriormente fue procesado, aunque se le retiró la acusación por prevaricación. Emilio Fresco creía que una denuncia contra la compraventa de Las Teresitas no tendría recorrido y, a la postre, perjudicaría al PSOE. Y así se lo comunicó al todavía secretario general del PSC-PSOE, Juan Carlos Alemán. Se decidió, por tanto, que los socialistas se abstendrían de cualquier pronunciamiento al respecto. Y ese silencio más o menos impuesto y autoimpuesto fue el origen de la asociación Ínsula Viable.

Insula Viable no tenía otro sentido que el instrumental. Fue una herramienta de trabajo político-judicial. Una brillante ocurrencia de Santiago Pérez para actuar leguleyamente con las manos libres, aunque inicialmente ni siquiera le constara a nadie que formara parte de la misma. Su rostro visible fue José Ángel Martín Bethencourt, por entonces un militante muy joven con un pie en las Juventudes Socialistas y otro en el partido. Después se transformaría en la sombra, el paño de lágrimas, el maestro barista y el pararrayos de las iras de Patricia Hernández, su secretaria general en las JJSS, quien se sumaría al santiaguismo para más tarde, cuando el compañero Santiago resultó defenestrado, tomar distancia a toda velocidad para no tocarlo ni con un palo, y ahora, de nuevo, ser su patricita. Pérez redactó, con alguna ayuda técnica, la denuncia que presentó Ínsula Viable. Solo tiempo más tarde, cuando los juancarlosalemán y los emiliofrescos eran ya casi historia, el senador socialista salió del armario teresito y reclamó la gloria del procesamiento judicial de Zerolo et alii.

Quiere decirse que no fue el PSOE, sino uno de sus dirigentes históricos, apantallado tras varios compañeros muy poco conocidos públicamente y algunos miembros de la pibada socialista quienes tomaron la iniciativa judicial en el caso Las Teresitas. La dirección  — por no hablar de los concejales – se abstuvo y negaron una y otra vez que el partido estuviera involucrado en la denuncia (y no mentían del todo). Por la otra parte los disidentes no eludieron en lanzar sobre dirigentes y concejales cientos de chismes pútridos, y solo la piedad me detiene a la hora de dar los nombres de los que vociferaban por las esquinas de Santa Cruz (y de La Laguna) que los concejales socialistas respaldaron la contra-venta de las parcelas del frente de la playa a cambio de sobornos mareantes que incluían millones de euros en paraísos fiscales o en bolsas de basura, casas y apartamentos, coches de baja cuna y de alta gama o vacaciones de lujo asiático. La historia de la agrupación socialista de Santa Cruz es la de sus desfallecimientos crónicos entre guerras civiles, hasta quedaron tan exhaustos que han terminado votando a Patricia Hernández y que sea lo que dios quiera.

Pero, en efecto, la vida es onduleante, y de nuevo será el PSOE el que propicie que el caso de Las Teresitas regrese a los juzgados. La modificación del delito de malversación de fondos – por la que se deducen las penas — ha puesto los dientes largos a condenados de corrupción en varias cárceles españolas. Conviene recordar que el artículo  2.2 del Código Penal señala que “tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviera cumpliendo condena”. Según el nuevo texto las penas por malversación de fondos públicos se reducen a cuatro años cuando no exista “ánimo de lucro”. En el caso de Miguel Zerolo – el más relevante políticamente – no pudo demostrarse en ningún momento enriquecimiento ilícito, pese a la fueron enviadas varias comisiones rogatorias a otros tantos paraísos fiscales de Europa y América para investigarlo. Sin embargo vale la pena apuntar un matiz. La norma reformada especifica que las penas serán las mismas (hasta ocho años) si se produjera “apropiación de patrimonio público que tenga a su cargo la autoridad o funcionario público”, pero también se castiga el permitir a un tercero la apropiación.  En la mamandurria de Las Teresitas, ¿no jugaron el papel de terceros, precisamente, Ignacio González y Antonio Plasencia?  Para los letrados del exsenador y el teniente de alcalde no. Han anunciado que interpondrán recurso para que a sus representados le sea aplicada la ley reformada, lo que unido a la circunstancia de que ya han cumplido más de un tercio de la condena supondría, si los tribunales les dan la razón, la terminación inmediata de la condena.

Y de nuevo aparece Santiago Pérez. Ahora está en el Senado, porque de nuevo ha regresado al PSOE, no porque haya reflexionado, sino porque el PSOE ha cambiado y ahora se ajusta a él como un guante. Volver a la militancia socialista no le ha llevado deshacerse de la agrupación electoral con el que se presentó a las elecciones municipales en 2019, por supuesto, porque un grupo de amigos y compañeros dependen del chiriringuito, pero sí regresar a la Cámara Alta, como senador autonómico. Y como senador socialista vota, por supuesto, a favor de la reforma de los delitos de sedición y de malversación de fondos. Obedientemente, porque ya este es el último tren que puede tomar en su vida política, y no se quedara en el andén, como se quedarán los de Avante dentro de unos meses, como se quedaron los de X Tenerife en su momento. No solo lo vota, sino que pide la palabra y justifica la reforma aunque curiosamente — ¿será el subconsciente? – no hace ninguna referencia al delito de malversación. Es muy aplaudido y se nota que le encanta. Lo explica al gusto del sanchista más oligrofrénico. El Gobierno tiene pleno derecho a intentar sobrevivir a través de alianzas parlamentarias. La pregunta no es esa, advierte Santiago Pérez, que siempre ha querido tener como patrimonio todas las preguntas y todas las respuestas. La pregunta es hasta dónde está dispuesto a llegar el PP, claro. Lo cierra muy bien. ¿Quién ha traído y garantizado la libertad en España? “Las fuerzas progresistas, y entre ellas, el PSOE”. Es una observación bastante atrevida, por cierto, y probablemente falsa. Al menos si se refiere a las libertades públicas. Si, en cambio, estuviera hablando de Miguel Zerolo tal vez tendría razón. Porque resulta indiscutible que en los últimos días, y gracias a sus enjüagues con los independentistas catalanes, El PSOE está facilitando no solo la plena libertad de Oriol Junqueras y sus compañeros, sino también la de Miguel Zerolo.   

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