Recuerdo que en 1999, cuando Mohamed VI subió al trono, muchos observadores y analistas presagiaron que se produciría una mayor apertura política y que las reformas del nuevo monarca se encaminarían hacia una aceptable democracia parlamentaria, más o menos homologable y basada en un respeto irrestricto a los derechos humanos. Mohamed VI tomó algunas decisiones iniciales realmente esperanzadoras, entre las cuáles no fue la menor destituir al ministro de Interior y mano derecha de su padre Hassan II, el temible Driss Basri, bien conocido, por cierto, por los saharauis: mató a muchos cientos y torturó a varios miles. Bari era simultáneamente un chacal sanguinario y un referente de la infinita corrupción del reino alauita como cabeza visible del Majzén. Intervenía, bajo la jurisdicción del Rey de los Creyentes, en el reparto de canonjías y mordidas y licencias de importación. Todo el mundo aplaudió a Mohamed VI en el país y en el extranjero. Los años más oscuros tocaban a su fin. A lo largo del lustro posterior una cadena de cambios políticas, jurídicos y normativos parecieron dar la razón a los más optimistas. Aumentó el pluralismo –dentro de ciertos límites –en los medios de comunicación y en la institución universitaria. Pero poco a poco el luminoso esfuerzo reformista fue perdiendo fuelle y terminó por detenerse.
El mismo Mohamed VI, muy activo al principio de su reinado, fue afectando una indiferencia creciente no ya a una agenda reformista muerta, sino al propio gobierno cotidiano. Pasó y sigue pasando largas estancias, a veces de varios meses, en París y en los Alpes suizos; con menos frecuencia, en Londres y Nueva York. En todas esas ciudades dispone de viviendas de esplendor palaciego y de importantes inversiones inmobiliarias. Porque ese es el secreto – si merece tal nombre – del fracaso de las reformas después del fallecimiento de Hassan II. Reformar el país democráticamente, emprender una vía para una política social amplia, eficaz y eficiente, significaría necesariamente el sacrificio del Majzén, esa oligarquía que, a la sombra de Palacio, maneja y amplía fortunas inmensas relacionadas con el turismo, la hostelería, las licencias de importación, las infraestructuras, la compra de material militar, la minería o la producción agrícola. Y la primera fortuna –con intervención directa e indirecta en las empresas públicas marroquíes – es la del rey. Es imposible una plena democratización de Marruecos si la corrupción estructural del reino – que articula y fiscaliza toda la iniciativa económica y empresarial — no es destruida de raíz. Por decirlo con la máxima sencillez: más allá de algunos aspectos valiosos, pero muy insuficientes, el Reino de Marruecos resulta política y socialmente irreformable.
De ahí se deriva, por supuesto, otra obviedad: el gobierno marroquí no está en condiciones ni anhela ni podría permitir en absoluto un Sáhara dotado de un estatuto de autonomía política. Ninguna región marroquí dispone de tal artefacto político. Solo puede pensarse — y necesitaría de una reforma constitucional — en una limitada y siempre suspicaz autonomía administrativa, que probablemente terminaría desapareciendo en muy poco tiempo. La marroquinidad del Sáhara ha sido, precisamente, una de los límites en el espacio público del reino. Ninguno de los grandes partidos políticos de Marruecos (de izquierdas o de derechas, laico o islamista) pone en cuestión que la excolonia española debe integrarse sin más en su territorio. O más exactamente: todos los partidos políticos, cn o sin representación parlamentaria, respaldan sin fisuras que el Sáhara es propiedad de Marruecos. Cuando uno escucha a altos cargos de los gobiernos de España y de Canarias las cínicas y repeinadas insensateces de los últimos días no sabe dónde meterse para que lo asfixie la vergüenza ajena.