Paulino Rivero

Los saltos del pato cojo

Caben dos posibilidades: o Paulino Rivero ha diseñado una estrategia política personal pre/post electoral o, bueno, necesitaría un abogado al lado para decirlo. Un presidente de Gobierno que se sabe ya excluido de la contienda electoral no queda liberado de obligaciones precisamente. Debe responsabilizarse de la dirección y coordinación de su gabinete hasta el último minuto de su mandato, rematar objetivos próximos, priorizar los asuntos de su programa político susceptibles de materialización (legislación, programas, acciones concretas) y, con la mejor o la peor de sus sonrisas, ponerse a disposición de su partido y del candidato que haya sido designado, lo que no tiene nada que ver – en Canarias parece obligado enfatizar las obviedades – con renunciar a sus prerrogativas ejecutivas. Lo que conduce a la situación actual es que Rivero siempre ha considerado como una de sus prerrogativas pronunciarse y tomar decisiones sin preguntarle a Coalición Canaria ni la hora. Y ha podido hacerlo porque al frente de CC han actuado distintos y apacibles sordomudos como presidentes de escayola y el leal José Miguel Barragán siempre como secretario de Organización y, finalmente, secretario general. Rivero, por lo tanto, sigue adelante como si no hubiera un pasado mañana, hasta el punto de que, en ocasiones, parece que haya inaugurado un tercer mandato el pasado mes de septiembre, cuando el Consejo Político Nacional de los coalicioneros eligió a Fernando Clavijo como candidato presidencial.
Ahora se ha descolgado con un artículo (de inmediato reproducido en todos los periódicos isleños) en el que inaugura asimismo su carrera como pensador doctrinal. Empapado en las aguas de Fernando Ríos el presidente reclama ahora una “soberanía compartida” que parece inspirarse teóricamente en los cafelitos que se ha tomado con Íñigo Urkullo. La diferencia, claro está, es que si el señor Urkullo se lanzase mottu propio a reflexionar por su cuenta sobre el horizonte competencial de la Comunidad vasca sería llamado inmediatamente al orden por el Euzkadi Buro Batzar, la comisión ejecutiva del PNV que, por supuesto, no preside él. La dirección de CC no ha debatido en ningún momento estos extremos ni se conoce posición alguna al respecto de los dirigentes y organizaciones insulares de Coalición. No es que el artículo de Rivero diga gran cosa. Bajo el campanudo eufemismo – constitucionalmente muy discutible – de soberanía compartida subyace la habitual reclamación de un nuevo atracón competencial. Lo insólito es contemplar a un presidente al que le resta poco más de medio año de mandato aferrado a la batuta política por encima de un partido que guarda silencio, esperando con los ojos semicerrados su próxima ocurrencia. El próximo saltito del pato cojo.

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Babiecada histórica

Con el laconismo de los grandes momentos históricos, el presidente Paulino Rivero leyó ayer ante los periodistas la pregunta que se formulará en la consulta: “¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por la prospecciones de gas y petróleo?” Más allá de la voluntad evidente de eludir una impugnación del Gobierno central en el Tribunal Constitucional, la pregunta que Rivero ha sancionado contiene, en sí misma, una información valiosísima, a saber, que la Comunidad autonómica tiene algo que merezca llamarse “un modelo medioambiental”, y es más, cuenta con un “modelo turístico”. Es una pena que la ciudadanía no pueda hacerle por el momento consultas al Gobierno, porque resultaría sumamente interesante que el señor Rivero detallara tales modelos. Por cierto, presentar un montón de planes incumplidos, moratorias ergonómicas, normativas legales superpuestas y a veces contradictorias y reformas reglamentarias cantinflescas no vale.
Me gustaría decir que la pregunta es tramposa. Pero no lo es. La pregunta propuesta, simplemente, es una bobería, y dirigirse a los ciudadanos para preguntarles babiecadas es una forma muy poco sutil de faltarles al respeto. La pregunta presupone  — y presuponer algo en una consulta representa, abiertamente, una voluntad de manipulación – que las prospecciones de petróleo y gas son incompatibles con un hipotético modelo turístico y medioambiental. Quizás lo sean, pero en ningún caso cabe deslizar tal implicación en una consulta ciudadana. Es como si en el referéndum sobre la continuidad de España como socio de la OTAN, celebrada en 1986, se hubiera puesto a los ciudadanos en la alternativa explícita de continuar en la organización militar o renunciar al Mercado Común Europeo. La alternativa que siempre supone el pronunciamiento de los ciudadanos en una consulta es, por naturaleza, excluyente, un sí o un no, pero no puede estar fundamentada en implicaciones arteramente introducidas en la pregunta para estimular la inducción a una  respuesta concreta.
Claro que esto no es un referéndum. Es una consulta cuyo resultado –de celebrarse – carece de cualquier vinculación jurídica o administrativa para el Gobierno de España. Pero exactamente igual que en Cataluña se intenta hacer pasar una consulta por un referéndum. Y lo que es más grave, como ha señalado el profesor Santiago Pérez,  es que se pretende, desde el Ejecutivo regional, sustituir la voluntad ciudadana por la fabricación de un pronunciamiento desnudo de las más elementales garantías procedimentales y judiciales propias de un procedimiento electoral democrático (juntas electorales, verificación de los resultados, neutralidad gubernamental, espacios es los medios de comunicación públicos, etcétera). Exactamente: esto es una operación de marketing político. Y no está impulsada por el Gobierno, ni por CC, ni por el PSOE, sino por Paulino Rivero, sumo sacerdote de sí mismo.

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La pregunta pejeverde

En un plazo relativamente breve para sus usos y costumbres el Consejo Consultivo de Canarias ha avalado (así se ha esculpido en los titulares) la legalidad de la consulta preparada por el Gobierno autonómico sobre las prospecciones petrolíferas en las proximidades de Lanzarote y Fuerteventura. Con las prisas en celebrar el informe – que sin duda cogió por sorpresa al Ejecutivo – fue piadosamente obviada una observación que los señores consejeros no pudieron resistirse a explicitar: la consulta no puede incluir preguntas que excedan el marco competencial de la Comunidad autonómica. He esperado inútilmente que alguien se dirija al Consejo Consultivo para aclarar este aserto a fin de que quien lo interprete no sea el portavoz Martín Marrero, por ejemplo. Pero nada.
Y no es un asunto baladí. Entre sus competencias la Comunidad Canaria, por supuesto, cuenta con un amplio espacio normativo y reglamentario en materia medioambiental. Sin embargo, la autorización para proceder a sondeos exploratorios y conceder licencias de explotación corresponde inequívocamente al Ministerio de Industria y Energía. La conclusión se antoja bastante obvia: el Gobierno regional no puede preguntar a los ciudadanos canarios sobre las prospecciones que ha autorizado el Ministerio de Industria a favor de Repsol. No lo puede hacer sin incurrir en prevaricación, aunque mucho antes, sin duda, el proceso administrativo para la consulta será impugnado por el Gobierno central a partir de la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional. Desde la legalidad el Gobierno presidido por Paulino Rivero deberá limitarse a una pregunta más o menos de este jaez: “Como ciudadano de Canarias, ¿quiere usted que el mar que rodea las islas sea limpio, puro, salutífero y hermoso? En caso de responder positivamente, ¿cree usted que debería contar con samas roqueras, fulas y pejeverdes en abundancia?”.
Pulula la gente malvada – yo me cuento entre ellas – que considera que el Gobierno presidido por Paulino Rivero, incluyendo al mismo Paulino Rivero, conocía de antemano perfectamente las limitaciones legales de una consulta como la que pretenden convocar. Sabían que las preguntas jurídicamente permisibles excluían fuera de toda duda razonable la autorización y la actividad misma que suponen los sondeos. Conocían, por tanto, la perfecta inutilidad de la consulta en términos jurídicos y su inermidad como instrumento democrático en términos políticos. Fue la irresistible tentación de un presidente adicto a los titulares en vena la que le llevó a envolverse en el mar como en una bandera y posar como un Tritón patriótico agitando en el tridente justiciero papel timbrado, fulas y pejeverdes.

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Mencey crepuscular

Vaya. Ahora se descubre que la reforma del tramo autonómico del IRPF voceada por Paulino Rivero no es para que los ricos paguen más, sino para que casi todo el mundo pague un fisquito menos. Ya ni me queda resuello para preguntarme si con esta perpetua tomadura de pelo estamos pagando algún crimen abominable que cometimos en una reencarnación anterior. Me niego que esta imbecilidad siempre indemne me produzca vergüenza ajena; que se avergüence quien corresponda. Porque lo afirmado ahora es justamente lo contrario a lo aseverado por el presidente del Gobierno hace apenas 48 horas. Al parecer (y a reserva de que a Rivero se le ocurra otra tarde otra campanuda patujada, no sé, que queden fiscalmente eximidos los canarios dedicados a los vuelos astronáuticos) aquellos ciudadanos que perciban rentas salariales superiores a los 100.000 euros anuales pagarán lo mismo, y los restantes, abonarán menos a la Hacienda canaria. Los isleños que cobran salarios superiores a los 100.000 euros anuales son muy poquitos, un  centenar acaso de animales mitológicos desconocidos por el vulgo, entre los que se cuentan, por cierto, los felices ocupantes de poltronas incrustadas en empresas públicas del Gobierno autonómico y de algunos cabildos. Por tanto los ingresos de la administración autonómica no van a aumentar, sino a disminuir apreciablemente con la reforma tributaria anunciada en el blog presidencial, y lo harán en un año en el que – según el señor Rivero – Canarias recibirá unos 150 millones de euros menos en los presupuestos generales del Estado para conseguir el endiablado objetivo del déficit presupuestario.
Visto el rigor intelectual y técnico que nos ha ofrecido el mandato de Paulino Rivero – y del cual sus ocurrencias fiscales son solo un ejemplo – uno se echa a temblar por el contenido de los dos decretos aprobados ayer para regular la consulta sobre las prospecciones en busca de hidrocarburos en las aguas próximas a Lanzarote y Fuerteventura. Ambos textos serán inmediatamente escrutados por el Gobierno de Mariano Rajoy y sus servicios jurídicos aprovecharán cualquier distracción, estupidez o demasía que encuentren para impugnar la consulta en los tribunales. Me imagino que al mencey crepuscular este extremo le importa poco. La consulta es un instrumento muy rentable políticamente. Cualquier invocación a las urnas recibe de inmediato un apoyo sacramental bajo un curioso apotegma: en el caso de que sostengas que votar no es siempre el mejor método para resolver un conflicto eres un fascista. Si finalmente resulta paralizada desde Madrid la decisión será un nuevo motivo para encender el discurso del agravio y del maltrato. Con una consulta popular se gana siempre. Salvo que finalmente se celebre y se pierda. Pero no esa la hipótesis que maneja el presidente del Gobierno. Está muy bien informado y aquí, para su suerte, no hay complejidades fiscales por medio.

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El penúltimo eructo

El presidente del Gobierno autonómico cuelga de su blog el anuncio de una bajada tributaria y entre todos – ya es un ritual – la convertimos automáticamente en una noticia. Cuando lo hace la sede parlamentaria ocurre exactamente lo mismo. El periodismo, que antes se ocupaba de preguntar, ahora queda reducido a modestas labores estenográficas. Porque, claro, si uno se toma la molestia de preguntar, el presidente del Gobierno regional no tiene absolutamente nada que decir, más que regurgitar de nuevo, entre sonrisas condescendientes, el mismo titular precocinado: que está a punto de presentar una rebaja fiscal por la que los ricos – como entiende todo el mundo –pagarán más que los pobres. La sabiduría hacendística de Robin Hood reducida a la mínima expresión verbal.

Paulino Rivero y sus presidenciales colaboradores no han adelantado el contenido específico de su propuesta. Ni siquiera lo ha hecho a su propio partido. Rivero contribuyó decididamente a la construcción y afianzamiento organizativo de Coalición Canaria, pero en cuanto llegó al poder autonómico consideró que su partido debía reducirse a una suerte de coros y danzas para cantar y bailar circunstancialmente sus ocurrencias y guardar un respetuoso silencio el resto del tiempo.  Ha sido su comportamiento en los últimos siete años y medio durante los cuales la reflexión política (y en general cualquier actividad no vegetativa) en la dirección coalicionera ha sido nula. En realidad Rivero ya subió el tramo autonómico del IRPF en el verano de 2012: los perceptores de más de 53.000 euros anuales pasaron de pagar del 21,15% al 22,58%. No supuso un suplemento importante en la recaudación; más relevante, en términos de ingresos, fue la subida del IGIC del 5% al 7%.  Y no la supuso porque los ciudadanos canarios con un salario superior a los 53.000 euros anuales son pocos: unos 18.000 aproximadamente en todo el Archipiélago. Los ricos, y sobre todos los muy ricos, no tienen precisamente en las nóminas su principal vía de aumento económico y patrimonial, como demuestra el aumento de millonarios isleños en el último lustro. Los euros que podrán arrancar Paulino Rivero y Javier González Ortiz son habas muy contadas que no servirán ni para tapar el más modesto agujero presupuestario, pero que quizás afecten al muy esclerótico consumo interno en las islas.

Más o menos da lo mismo. Rivero quería un titular más para su amplia colección de titulares adacadabrantes y, por supuesto, lo ha conseguido. Esa sarta de titulares con la que intenta ocultar desde su primer día de mandato la ausencia de proyecto político, solvencia intelectual y estrategia económica que han caracterizado los últimos y malhadados años de la Comunidad autonómica. Una raquítica reforma tributaria sin contenido, sin previsión de ingresos, sin relación coherente con el resto de la política económica. El nuevo eructo triunfal y ejemplarizante estallando en el vacío.

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